Antonio Molina, abogado de las víctimas del 11 abri 2001 El beneficio a Forero no legitima a los comisarios como presos políticos

Caracas, julio 25 - Cuando se enteró de la medida a favor de Lázaro Forero, lo primero que le vino a la mente al abogado Antonio Molina fue la pregunta que una periodista de Globovisión le hizo el 3 de abril de 2009, cuando el tribunal de juicio condenó al exfuncionario policial, junto a los también comisarios Henry Vivas e Iván Simonovis, a 30 años de prisión: “¿Está alegre y feliz?”, interrogó la reportera, en un tono que a Molina le pareció cínico.

El abogado, que llevó la voz cantante en la acusación, le respondió que no, que no le alegraba la desgracia de otro venezolano y que más bien sentía tristeza porque los comisarios hubiesen usado el cargo y los recursos que el país colocó en sus manos para violar la Constitución, participar en un golpe de Estado y quitarles la vida a varios compatriotas.

“Ahora, al conocer del beneficio otorgado a Forero, me siento feliz y alegre al ver como el Poder Judicial ha considerado la situación de alguien que tiene una enfermedad grave, y que podrá recuperar su salud en detención domiciliaria. Esto demuestra que el Poder Judicial sí funciona”, expresó.

—¿Esta medida no los legitima como “presos políticos”?

—No, sabemos que no son presos políticos. Esa condición está totalmente negada porque fueron sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos, específicamente por muertes y lesiones graves ocurridas en Puente Llaguno. Esos hechos bajo ningún concepto cubren los extremos de delitos políticos. Son presos comunes.

—¿Cómo evalúa la reacción de los sectores opositores?

—Muy alejada de la verdad histórica. La oposición dice que la medida se concede porque el Presidente está sensibilizado por su propia enfermedad. Eso no es cierto, pues tender puentes con la oposición no es una actitud nueva en él. A la historia me remito: cuando regresó después del golpe de Estado llamó a los sectores opositores a volver a los canales constitucionales. Ellos, por el contrario, se fueron a la plaza Altamira a llamar a la insurrección y luego fueron al paro petrolero y a las guarimbas. Más adelante, el 31 de diciembre de 2007, el Presidente emitió un decreto de amnistía que permitió a quienes habían participado en todas esas acciones reincorporarse a la vida política. Entre ellos están un general de la Guardia Nacional, María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles Radonski, Enrique Mendoza. No es sorprendente que el Presidente ahora haya abogado por los procesados y penados enfermos.

—¿Los familiares de las víctimas del 11 de abril comparten esta actitud comprensiva suya?

—Yo soy el abogado de la Asociación de Víctimas del 11 de Abril. Mi opinión es personal, no los compromete a ellos, pero estoy convencido de que allí hay personas muy conscientes, que van a entender estas medidas y la solicitud del Presidente. Sé que es incómodo para los familiares de las personas que resultaron muertas aquel día, pero creo que lo comprenden porque está en la ley. Nadie se está saltando la legalidad. El artículo 245 del Código Orgánico Procesal Penal desarrolla compromisos internacionales suscritos por la República, entre ellos el Pacto de Derechos Políticos y Sociales de San José de Costa Rica.

—¿Cómo se determina si una enfermedad amerita o no el beneficio procesal?

—Deben cumplirse varios requisitos, entre ellos que la enfermedad esté en fase terminal, para lo cual la persona debe ser sometida a exámenes en la Medicatura Forense. Si es diagnosticada por una institución privada, los resultados deben ser homologados por la Medicatura.

—¿El preso común y corriente, el que no puede ponerse el apellido “político”, tiene alguna posibilidad real en estos momentos de acceder a uno de estos beneficios o eso es aún una utopía?

—Bueno, yo exhorto a los tribunales de la República a que apliquen el artículo 21 constitucional, que prohíbe las discriminaciones. Así como estos señores optaron a este beneficio, los tribunales deben revisar todos los casos privados de libertad que estén enfermos de gravedad, entre ellos muchos con sida. Si no se extienden estas medidas a todos los privados de libertad que lo requieran quedaría un sabor amargo en la memoria de todos los venezolanos. El Presidente, cuando habló del tema, no se refirió sólo a los mal llamados presos políticos, sino a todos los privados de libertad.

—¿En épocas anteriores se otorgaban beneficios procesales a los presos políticos enfermos?

—No, y lo digo con autoridad porque viví de cerca la situación. En los gobiernos de Acción Democrática y Copei muchos venezolanos murieron en las cárceles sin que los presidentes ni los tribunales tuvieran sensibilidad. Puedo mencionar el caso de Juan Almérida Bolívar, enfermo de cáncer, quien murió de desatención en 1966, cuando desgobernaba Raúl Leoni. Otro caso bien cruel fue el de Manuel Ponte Rodríguez, oficial que había participado en El Porteñazo y murió en el San Carlos por falta de asistencia médica a una enfermedad coronaria, e Iván Martínez Villalta estuvo 18 años preso en San Carlos y terminó sufriendo con demencia sin que nadie se compadeciera de él.

—¿En los países que la oposición y los medios toman como referencia de respeto a los derechos humanos y la democracia se otorga este tipo de beneficios?

—Bien conocida es la situación de Guantánamo, donde están encerrados y sometidos a torturas miles de prisioneros sin respeto a las normas procesales. Y esos son los países que denuncian a Venezuela por irrespeto a los derechos humanos. Yo sé que las cárceles venezolanas no son ningún paraíso, pero todos los ciudadanos tienen derecho de defensa.


El Gato maúlla fuerte

Desde sus tiempos infantiles en La Vega, a Antonio Molina, le dicen “el Gato”, seguramente porque tiene, como se dice en criollo, los ojos “rayados”. Cuando se trata de expresar sus convicciones, este abogado caraqueño de 55 años, egresado de la Universidad Central de Venezuela, es de los que maúllan duro:

> “En ese tema de la sensibilidad y la compasión, no puedo dejar de recordar cómo el comisario Lázaro Forero y su esposa y abogada, Yajaira de Forero, aprovecharon la fase de conclusiones para calificar como un merecido castigo de Dios el cáncer que durante el juicio sufrió la abogada Merly Morales, integrante de nuestro equipo jurídico. Yo estuve allí cuando lo dijeron, los reto a que me desmientan”.

> “Tampoco se me olvida que uno de los compañeros de Puente Llaguno, Henry Danilo Atencio, de quien fui defensor, sufrió de cáncer mientras estuvo preso y el juez Alejandro Rebolledo, un hombre de oposición, se negó reiteradamente a permitirle que recibiera tratamiento. Tuvimos que pelear mucho para lograrlo. Luego, cuando su situación era tan grave que ameritó una intervención quirúrgica, ese juez apenas le permitió estar cuatro días en el hospital. De inmediato lo mandó de nuevo para la cárcel de Los Teques”.

> “Y la actitud de los medios fue lo peor. Presionaron para que no le permitieran el tratamiento e incitaron a la gente a protestar cuando lo hospitalizaron. Tal parece que esos periodistas opositores querían que se muriera”.