La investigación proyecta realizar trabajo de campo que se apoyará en técnicas y procedimientos de tipo exploratorios de la vida de mujeres yukpas por medio de entrevistas de profundidad como técnica para la realización de semblanzas que ayuden a comprender la realidad narrada por sus propias voces.
La categoría genero será la herramienta teórico metodológica transversal para la investigación pues es la que permitirá visibilizar aspectos de la vida de la mujer indígena asociados a la discriminación, racismo, etnia y clase. El análisis del conflicto por la recuperación de las tierras yukpas de los últimos cinco años cuestiona la imagen idealizada y homogénea que se tiene sobre las demandas territoriales de los pueblos indígenas.
Planteamiento del problema:
Resulta significativo constatar la escasa consideración de la dimensión de género en la mayoría de las investigaciones, análisis, políticas, programas y proyectos relacionados al estudio del reconocimiento territorial indígena hechas en Venezuela. La producción de conocimiento que aporta evidencias sobre las desigualdades e inequidades de género de la mujer indígena no profundizan en la vinculación de acceso a la tierra como principio de procuración de justicia y la condición de pobreza. No obstante, el tema de los derechos territoriales si es ampliamente discutido aun sin un abordaje de perspectiva de género.
En América Latina los pueblos indígenas y sus organizaciones han venido emergiendo como sujetos colectivos con derechos específicos. Los casi 40 millones de indígenas en el continente han estado reclamando a los Estados Nacionales el reconocimiento de sus derechos colectivos y las posibilidades reales de sobrevivencia en intima relación con los derechos territoriales.
La concepción de derechos territoriales que utilizará esta investigación es la ampliamente definida por Roldan (2005), quien explica que los mismos están relacionados con tres aspectos que se vinculan entre sí: 1.naturaleza y características de la propiedad indígena; 2.el acceso a esta propiedad y la capacidad dispositiva que sobre la tierra tienen los titulares indígenas de su dominio, y 3. la administración que pueden ejercer los indígenas sobre la tierra de su propiedad[1]. Estos aspectos definen a juicio del autor “el mayor o menor grado de solidez del dominio territorial indígena”(p.109).
En Venezuela las demandas de los pueblos indígenas, están ampliamente reconocidos en Constitución Nacional así como en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,sin embargo, los mismos se encuentran aun sin materializarse. Según Bello (2005) “en términos generales los principales problemas que continúan afectando a los pueblos indígenas en Venezuela, se refieren a la inseguridad jurídica frente a la falta de titulación de sus tierras colectivas (garantía del derecho de propiedad colectiva) y las fallas en el proceso nacional de demarcación de sus hábitats y tierras” [2].
La no materialización de estos derechos es discutida por Aguilar(2008), quien al interrogar sobre cuál es el carácter de los derechos territoriales indígenas como derechos pendientes sentencia que “si bien la Constitución concede u cúmulo importante de derechos territoriales a los pueblos y comunidades indígenas, esto siguen siendo derechos pendientes en tanto su materialización es hoy un asunto que requiere traducción concreta”[3]. Esta concreción tiene que ver con la activación de comisiones de demarcación que apoyen y reconozcan los límites territoriales exigidos por los pueblos y comunidades. De acuerdo acuerdo a Kuppe (2009), para el 2008, el Estado había concedido un total de 21 títulos de tierras a comunidades indígenas, en dos actos públicos en agosto y octubre 2005. Estos títulos corresponden a una superficie de un total de aprox. 794.000 ha, y beneficiaron una población de 7000 personas, menos de 2% de la población indígena del pais. Situados en los Estados Anzoátegui, Monagas, Apure, Delta Amacuro y Sucre[4].
En este marco del reconocimiento de los derechos territoriales por parte de los Estados nacionales y en específico en Venezuela, el tema de género no es tomado en cuenta. La ausencia de un análisis relacionado a cómo el acceso a la tierra afecta particularmente a las mujeres indígenas y acentúa su condición de pobreza merece de una indagación que pretende ser el análisis central de esta investigación. La perspectiva de género no aplicable trae como consecuencia la invisibilización de la situación de pobreza de esas mujeres en los contextos de lucha por la recuperación territorial.
Ante esta realidad es fundamental indagar en cuáles son los mecanismos de exclusión que han negado a las mujeres indígenas el derecho a la tierra desde el punto de vista legal, cultural, estructural e institucional. Hasta qué punto la interrelación género, etnia y clase interactúan para acentuar la pobreza de la mujer indígena y como las ideologías patriarcales de la investigación convencional reflejadas en los registros documentales, estadística, indicadores, investigación de campo, invisibiliza a la mujer indígena en los análisis relacionados al impacto del despojo territorial. Por otra parte valdría la pena contestar si se resuelve el problema para la mujer indígena una vez que son otorgadas la titulación colectiva de las tierras, la realidad ha demostrado que los sistemas de titulación de tierras tampoco consideran las exigencias de las mujeres indígenas.
En el caso de las mujeres indígenas, la inequidad de género en combinación con la inequidad creada a partir de la pertenencia étnica, plantea el desafío que obliga a situar las causas profundas de la pobreza. Una aproximación al tema en Venezuela expresa el hecho de que las mujeres indígenas son discriminadas, también, por las estadísticas y por un gran número de indicadores que no reflejan cómo la perdida de territorio acentúa su condición como mujeres pobres, desarraigas de su cultura y sin posibilidades concretas de accesar a sistemas de justicia –ni propios ni de la cultura dominante-.Un análisis con enfoque de género del conflicto por la recuperación de las tierras ancestrales del pueblo yukpa será el espacio de la investigación a través del cual se demostrará esta situación, sus causas y sus consecuencias.
En esta perspectiva, el postulado central de este trabajo estará guiado por los aportes conceptuales expresados por Silvia Chant (2003), en el informe sobre nuevas contribuciones al análisis de la pobreza: desafíos metodológicos y conceptuales para entender la pobreza desde una perspectiva de género[5], quien señala la inclusión de enfoques mas “holísticos” para el análisis de la pobreza, capaces de desafiar y ampliar las índices de medición centrados solamente en ingresos y consumo, partiendo de la comprensión de la pobreza como un fenómeno multidimensional, complejo, y a veces hasta especifico según las realidades y contextos sociales del grupo de mujer a abordar. Aspectos no materiales revelados en torno a las privaciones sociales que se desencadenan ante la falta de territorio y sus consecuencias en capacidad, poder, dignidad, son fundamentales para una radiografía más justa de la pobreza en la mujer indígena.
Desafíos para la investigación
En la revisión documental a la cual esta investigación acude para ubicar referentes sobre genero y territorios indígenas se encuentra presente la tendencia de abordar el tema de manera amplia y casi siempre circunscrito en el marco de los derechos colectivos de los pueblos originarios. El enfoque de género no está presente de manera determinante, aspecto que contribuye con la invisibilizacion de las condiciones de pobreza especificas en las mujeres de las comunidades indígenas.
Kambel (2004), autora de la Guía sobre los derechos de la mujer indígena bajo la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer reconoce que bajo la convención “se excluye toda referencia a la mujer indígena”[6] en cuanto al derecho de la tierra. A pesar de que la salida a esta limitante es homologar las disposiciones que atienden a la mujer rural a la realidad de la mujer indígena[7], Kambel afirma que “la perdida de acceso y control de las mujeres indígenas sobre la tierra y los recursos naturales por lo general tienen poco o nada que ver con el género, sino mas bien es un asunto que se encuentra asociado al asimilacionismo y otras políticas gubernamentales que desatienden el carácter colectivo de la tenencia tradicional de los territorios indígenas”[8].
El tema de la invisibilización de las condiciones de discriminación de las mujeres indígenas se apoya y refuerza con el ideal según el cual al interior de las comunidades, la convivencia indígena es equilibrada y respetuosa de la condición de las mujeres. Un arqueo general de las demandas de mujeres indígenas organizadas en países como México, Perú, Bolivia, Guatemala, Colombia, refleja que esto varia de manera sustancial pues muchas exigencias en torno a la tierra permiten desenmascarar también el problema de la violencia al interior de las familias indígenas. DEERE., & Magdalena LEÖN (2002), indican que a pesar de que las mujeres indígenas fueron visibles en las protestas de los años 90 en países como Ecuador y Bolivia en el marco de las promulgación de los códigos agrarios “ni las organizaciones campesinas e indígenas nacionales ni las lideras indígenas plantearon como tema el género y los derechos de la tierra”[9]. El hecho de que el tema no sea visto como relevante tiene que ver con el derecho colectivo de las tierras indígenas. Por otra parte, las autoras identifican otra de las razones asociadas a ello y es que “ se cree que el hecho de cuestionar cómo se va a distribuir esa tierra comunal después –mediante que reglas se va a asignar a las familias y a los hombres dey las mujeres que las componen , y quien va a participar en la determinación de esas reglas- divide a la comunidad y constituye una amenaza contra la unidad indígena”[10].
Si bien es cierto que el tema de género no ocupa un espacio central en estas organizaciones indígenas, una mirada a las demandas de mujeres organizadas de México y Guatemala demuestras una reflexión que lo incluye como eje sustantivo de sus exigencias. Un claro ejemplo lo constituye el caso Chiapas, México, con el movimiento indígena organizado bajo las comunidades zapatistas ha sido impulsado en gran parte por colectividades de mujeres.
El levantamiento armado que visibilizó en enero 1994 ante el mundo la situación desasosiego y represión militar de los indígenas mexicanos contó con la participación de mujeres jóvenes. La toma de San Cristóbal de las Casas estuvo a cargo de una indígena conocida bajo el nombre de Ana María. La comandante Ramona, indígena tzoltzil, otro icono de la lucha armada, fallecida por cáncer en enero de 2006, también surgió para reforzar simbólicamente la capacidad de las mujeres en una lucha aparentemente circunscrita a hombres.
Estas mujeres fueron las protagonistas durante diciembre 1997 y enero 1998 de resistir la entrada a sus comunidades por parte del ejército mexicano el cual debía por órdenes del Gobierno, ocupar las comunidades. Desde el planteamiento de las necesidades amplias de cultura y territorio, las mujeres indígenas inician un proceso de reconocimiento de los derechos propiamente de las mujeres. Mientras más participaban en los espacios públicos, se vieron enfrentadas en sus espacios privados, el hogar, donde “la lucha” se debía librar también.
La experiencia política dentro del movimiento se vio en contradicción con los mandatos culturales de las comunidades. Se trastocaron esquemas ancestrales de dominación del hombre, donde la mujer era valorada solamente por su capacidad reproductora. Una mirada a la ley Revolucionaria de Mujeres dada a conocer el primero de enero de 1994 pone en evidencia el continuo proceso que tomaron esas mujeres en el seno mismo del movimiento armado. Se trata más que un marco jurídico, un resultado de un pensamiento colectivo que busca poner fin a relaciones de maltrato en el interior de las comunidades. Se aplica en los llamados territorios zapatistas liberados y tiene autoridad moral para castigar a los padres y a los maridos que siguen actuando conforme a costumbres que las mujeres han decido transformar. Rivera (1997), afirma que esta ley “basa su éxito en un cambio profundo en las relaciones cotidianas al interior de las comunidades, que pasa por la toma de conciencia de hombres y mujeres que decidieron apoyar la lucha por transformar el sistema. El avance en la conciencia alcanzó a las mujeres zapatistas, quienes vislumbraron la necesidad de terminar con la opresión que vivían como condición necesaria para el buen curso de la lucha zapatista” ([11]).
Para el momento en que se difunde la ley, las mujeres indígenas no se autodenominaban feministas, sin embargo, es indudable la relación con el discurso del feminismo de la igualdad no indígena, pues la apuesta es el cambio en la mentalidad patriarcal y las relaciones de poder al interior de la familia.
Ley revolucionaria de mujeres[12]
En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES:
Primera.- Las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación política tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen.
Segunda.- Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo.
Tercera.- Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar.
Cuarta.- Las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente.
Quinta.- Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación.
Sexta.- Las mujeres tienen derecho a la educación.
Séptima.- Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio.
Octava.- Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente.
Novena.- Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias.
Décima.- Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios.
La discusión central en torno a la inclusión del tema genero y acceso a la tierra es un debate abierto. Lo cierto es que en el ámbito internacional, el tema del estudio de la pobreza entre las mujeres indígenas ha cobrado una dimensión especial aunque falta mayor énfasis en fortalecer los argumentos en relación su con el acceso a la tierra es primordial. Un ejemplo es el de Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el cual ha estado articulando trabajos de investigación conjunta con organizaciones de mujeres indígenas de base en países como Bolivia, Guatemala, Perú, México para “incorporar las dimensiones de género y etnia en la construcción de políticas públicas y programas de reducción de la pobreza y desigualdad social” (UNIFEM, 2007)[13]. En el primer eje de acción se relata la necesidad de sistematizar de conceptos, metodologías de análisis, medición de la pobreza, para ahondar en la producción de indicadores con enfoque de género y etnia.
Es de hacer acotar, que la Convención Internacional para Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), son el marco legal dentro del cual se articula este esfuerzo. De la misma manera, en el marco del VII Encuentro internacional de estadísticas de género para políticas públicas, promovido por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas se abordó el tema de indicadores generados desde las mujeres indígenas (Aleman, 2007)[14]. En el documento se llama la atención acerca el rol de los gobiernos en generar políticas públicas con mayor impacto para las mujeres indígenas. Como parte del diagnostico del problema se resalta la ineficiencia de la información como consecuencia de la exclusión de los Pueblos Indígenas y se precisa que “los gobiernos no pueden actuar sobre problemas y circunstancias que no conocen”. En consecuencia, la “falta de voluntad política” para precisar datos confiables, “sirve como excusa para no reconocer las responsabilidades de garantizar los derechos”.
Dentro de este marco, los especialistas en el tema han coincido en la necesidad de incorporar las voces de las mujeres indígenas en la formulación de los indicadores. Esto responde al criterio de aplicación de metodologías participativas, basadas en “la participación de personas de afuera (personal de una ONG, por ejemplo) como facilitadores, y de la población local no tanto como informantes sino analistas” (Chant,2003,p.10)[15]. Las demandas de las mujeres indígenas han estado centradas en cuestionar las presunciones de los Estados en decretar una identidad única y monocultural, al mismo tiempo, que han desafiado patrones culturales de sus mismas comunidades.
Importante es enfatizar que estos avances han sido el resultado de procesos de luchas liderados por mujeres indígenas y aliadas. El activismo de las mujeres indígenas en Latinoamérica se desenvuelve como parte de movimientos sociales más amplios. En este sentido, sus demandas exigen reivindicaciones acerca su derecho al territorio, educación intercultural bilingüe, derecho al agua, a formar parte de las estructuras de los gobiernos desde donde se toman las decisiones, acceso a la justicia, derecho a rechazar o aceptar el uso de sus tierras para planes de desarrollo como por ejemplo el Plan Puebla Panamá, rechazo a estar sumidos en medio de conflictos de sujetos armados, como es el caso con las indígenas de Cauca colombiano que se han opuesto a la hostilidad que tienen dentro de sus territorios algunos de los grupos guerrilleros y paramilitares.
Este particular deja de manifiesto la complejidad de la organización de la mujer indígena que por un lado exige al Estado el reconocimiento al derecho de la autodeterminación de sus pueblos, y por otro lado, el reconocimiento en la micro política cotidiana de sus comunidades, sus derechos como mujeres. Todo este movimiento ha marcado pautas en cómo concebir políticas públicas eficientes y eficaces para mejorar las condiciones de vida de las indígenas. Al respecto, Montalva y Velasco subrayan que “con la irrupción de las mujeres indígenas en esferas internacionales se ha avanzado en su reconocimiento y valoración, venciendo la falsa imagen una mujer indígena invisible, sumisa, sin conciencia política” (2005, p.4).
El índice de Desarrollo Humano (IDH), el índice de Pobreza Humana (IPH), resultan ineficientes para medir la pobreza de las mujeres indígenas. De igual manera, el Índice de desarrollo relativo al género (IDG) y el de potenciación de género (IPG), al no contemplar temas específicos de la realidad de las mujeres indígenas, tampoco podrán aportar por sí mismos una visión más amplia del tema. El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), resulta igualmente insuficiente primordialmente porque se limita al estudio del hogar como unidad básica.
Una vez mas, cobra importancia la implementación de las metodologías participativas, sus voces, sus consideraciones y sus experiencias en torno a sus procesos de lucha por la recuperación de los territorios ancestrales.
Uno de los más grandes aportes al tema, es la concepción de que la pobreza es un proceso multidimensional y dinámico. Conceptos como derechos, capacidades, vulnerabilidad, medios de subsistencia, contexto social, relaciones de poder, constituyen fuentes potenciales de información para la concepción y diseño de políticas sociales. Chant (2003, p.9)[16], en el marco de la segunda reunión técnica sobre estadísticas e indicadores de género, sostiene la importancia de tomar en cuenta no solo los activos referentes a los ingresos económicos, sino también, aspectos cualitativos que se encuentran en el contexto social, cultural y ambiental local de las mujeres. Visto de esta forma, la ampliación de los indicadores asociados a temas de capacidades de acción, poder y subjetividad resultan esenciales para la evaluación de la pobreza en mujeres indígenas. A lo anterior se le suma la necesidad de precisar especificidades étnicas en las definiciones operativas de los instrumentos que se aplican, debido a la diversidad de pueblos. Al respecto, Renshaw y Wray (2003)[17], advierten que la incorporación de la variable étnica en los censos y encuestas no tiene sentido sino se toma en cuenta en el análisis. Estos autores, resaltan las propuestas formales de organizaciones indígenas como las expuestas en la Declaración del Consejo Indígena del Centro América (CICA) y de la Cumbre Internacional de los pueblos Indígenas (2001), como marcos referenciales para formular áreas temáticas de impacto para formular indicadores de bienestar y pobreza. Los temas están asociados a:
1. El control sobre las tierras y territorios indígenas, concebidos como la base espiritual y material del ser indígena
2. La preservación del entorno natural
3. El respeto y reconocimiento a la identidad y a las culturas indígenas desde una mirada que valore lo pluricultural
4. La participación en los procesos de consulta que impliquen la toma de decisiones sobre el destino de sus territorios
Los aspectos anteriores, una vez que son intervenidos por una mirada de género a partir de las demandas de las mujeres indígenas, aportan especificidades útiles para concebir nuevos indicadores. La experiencia aplicada en México, resumida en un documento titulado Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas (Ham, 2006)[18], se ha constituido en referencia para otros países. Resulta importante para fines de este ensayo citar algunas de las conclusiones arrojadas por este estudio:
La información desagregada por sexo permite observar la forma en que se materializa la construcción social —profundamente desigual— de los roles de género, los cuales aún se encuentran arraigados en nuestra sociedad y sobre los cuales debemos incidir a partir de programas y políticas públicas. Los datos obtenidos son reveladores: existen 636 720 mujeres monolingües, frente a 371 083 hombres en esta situación; y su rezago educativo se incrementa conforme avanza el nivel de escolaridad: mientras que el porcentaje de niñas que concluyó el ciclo de educación primaria es de 64.3 por ciento, el de los niños es de 68.1 por ciento; en la secundaria sólo el 31.7 de las jóvenes concluyó sus estudios, frente al 35.9 por ciento de los varones. Ambos fenómenos están íntimamente relacionados con la deserción escolar de las niñas, a quienes se les niega la oportunidad de continuar sus estudios, pues las obligan a dedicarse a las labores domésticas. Cuando esto sucede en la etapa de instrucción primaria, se acentúa la tendencia al analfabetismo y al monolingüismo (p.11).
Este estudio aporta información desagregada a partir de aspectos claves como salud, fecundidad, educación, niveles de deserción escolar, acceso a sistemas de justicia, migración, actividad económica, derecho a la propiedad, religión, composición de hogares, características de viviendas, acceso a servicios.
Género y etnia: un análisis ineludible
Montalva y Velasco (2005,p.1)[19], evidencian la importancia del estudio sobre las diferencias de brechas tanto de étnia como de género que afectan a las mujeres indígenas. En este sentido, las autoras plantean que el uso de datos estadísticos que buscan orientar las condiciones de la pobreza de las indígenas, deben necesariamente incluir el peso de la carga de género en relación con la carga de la étnica. Para los especialistas en estadísticas de institutos nacionales[20], la intersección de género y étnia es un criterio que debe ser reconocido para que los datos puedan realmente tener una incidencia en la formulación de políticas públicas.
Las Naciones Unidas ha calificado el tema de la pobreza de las mujeres indígenas como un tema emergente[21]. De aproximadamente 45-50 millones de personas indígenas que viven en América Latina y el Caribe (equivalente al 10% de la población), pertenecientes a mas de 400 pueblos indígenas diferentes, un 59 % son mujeres (Montalva & Velasco,p.2). La diversidad cultural que se encuentra en los pueblos indígenas, conduce a afirmar que la categoría mujer indígena no puede ser vista como un concepto homogéneo. Sin embargo “en general experimentan ciertas características discriminatorias, y las mujeres indígenas poseen demandas y necesidades bastante similares” (p.2).
Las definiciones hegemónicas de tradición y cultura presentes en las mujeres indígenas, han estado expuestos a cambios muy fuertes. La discriminación hacia la mujer indígena no solo proviene de las dinámicas del mercado, los procesos de asimilación cultural, sino también al interior de sus comunidades. Ciertas tradiciones han contribuido a mantenerlas en desventaja social y exclusión. De acuerdo con este criterio, el entrecruzar las variables de género y etnicidad, permitirá también ubicar las relaciones entre los hombres indígenas “derivados tanto de la dinámica propia de toda cultura como de la promoción de los derechos humanos”; las relaciones entre las mujeres indígenas y hombres no indígenas; así como también el “posicionamiento de las demandas indígenas a nivel internacional y constitución de movimientos indígenas: que reivindican el derecho a la diferencia, a la revalorización de sus expresiones culturales” (p.2). Este último aspecto es crucial, pues refleja que las mujeres indígenas se han constituido como sujetas políticas con capacidad de presión en diferentes esferas.
Hasta el momento se ha tratado de demostrar la relación entre etnia y género como aspecto central del cual debe partir el diseño de indicadores para medir las múltiples dimensiones de la pobreza presentes en las mujeres indígenas que se desencandenan ante los conflictos territoriales y la ausencia de acceso a los sistemas de justicia. Para avanzar en sentido de propuestas, lo siguiente es preguntarse cuál de estos dos aspectos pesa más. Las autoras citadas incluyen el término “brecha” vista como “la diferencia de una situación o comportamiento en relación a otro dentro de un mismo indicador” (p.4). El estudio de las brechas permite precisar la carga que representa una condición u otra sobre el estudio de aspectos específicos.
Las brechas de género, indican la distancia “entre la situación entre hombres y mujeres relacionados a temas identificados” (p.4), y las de etnia, revelan lo asociado culturalmente “en la aproximación a ciertos temas de manera comparativa entre dos o más étnias o pueblos indígenas, o entre población no indígena en relación a la indígena” (p.4). Los análisis desprendidos de las brechas étnicas configuran potenciales aportes para la discusión en torno a las desigualdades de los derechos entre los indígenas y no indígenas, así como el acceso a los sistemas de justicias.
Venezuela: desafío metodológico
En Venezuela, las brechas étnicas, tiene una carga de impacto negativo en lograr visibilizar las situaciones de pobreza y violación de los derechos territoriales de las mujeres indígenas y sus comunidades. Según información arrojada por el Instituto nacional de estadística, en el apartado de la ficha técnica del censo[22], la población indígena mujer se estima 200 mil, pertenecientes a aproximadamente 30 pueblos o etnias diferentes. Entre los problemas que mayor las cruza, se encuentran lo relativo a los desplazamientos forzados de sus comunidades de orígenes como consecuencia inmediata de la presencia de ganaderos, empresas trasnacionales; altos índices de desnutrición; muertes por falta de atención medica entre otros. La relación Estado Nación y los derechos culturales de los pueblos indígenas ponen en la mesa de discusión un problema complejo que amerita un abordaje multidimensional.
Una mirada los datos estadísticos del censo indígena nacional revelan la falta de información diferenciada por sexo en lo que se refiere a temas trascendentales como acceso a la tierra, salud, acceso a la justicia y educación. Sin información calificada para la planificación e implementación de mejores políticas públicas, cualquier intento en este orden está condenado al fracaso[23].
Según información oficial de la página del Instituto Nacional de estadística de Venezuela, el empadronamiento de la población indígena formó parte del XIII censo general de población y vivienda y contó con un “tratamiento especial”. El mismo se planteó “proporcionar estadísticas básicas comparables de toda la nación (…) así como contribuir “al proceso de planificación general y administración de los asuntos nacionales”[24].Se hace referencia a la aplicación de dos instrumentos de cuestionarios especiales. El “cuestionario de comunidad indígena”, orientado a precisar información sobre la ubicación de comunidades indígenas y el acceso de estas a los servicios públicos, y el “cuestionario de empadronamiento general para la población indígena que habita en comunidades”, aplicado para hacer estudios comparativos pertinente entre la población indígena y la no indígena referidos a constitución de los hogares y características de las viviendas. Indicadores relacionados al acceso a la tierra, participación política, acceso al sistema de justicia y al sistema de salud, no forman parte de la concepción del censo citado.
Por otra parte, resulta importante resaltar algunas dimensiones socio históricas en el desarrollo de las políticas públicas para pueblos indígenas en Venezuela para dar cuenta del por qué, aun y cuando el país cuenta con una legislación avanzada y representación [25] en torno al reconocimiento de los derechos indígenas, esto no se traduce en la aplicación de programas sociales de impacto para las estas poblaciones y menos para las mujeres.
Uzcátegui (2007, p.11)[26], analiza la evolución de las políticas públicas en comunidades indígenas venezolanas a partir del periodo independentista hasta la primera mitad del siglo XX. No es un secreto que la doctrina que guió el trato hacia las poblaciones indígenas a partir de la colonia se basó en considerarlos como seres irracionales, hasta el punto de preguntarse sí eran o no humanos. El tema de la tierra, los desplazamientos a los que fueron sometidos miles de indígenas , constituyen el punto de partida del devenir histórico en la concepción de políticas públicas. Al no poder subsanar el daño histórico referido a asegurar su pertenencia en territorios saneados, la pobreza entre esta población es y será una realidad presente. Señala el autor que “cualquiera pensaría que una vez llevada la Independencia de Venezuela la situación de los indígenas cambiaría pero la realidad fue otra, ahora los criollos eran los verdugos de los indígenas, promulgando leyes que estaban en contra de las costumbres de los aborígenes”(p.12). En este contexto, Uzcátegui ubica la ley del 2 de abril de 1836, la cual impone la figura de los Resguardos Indígenas, considerados como la nueva forma de reconfigurar el hábitat y según la cual la demarcación de las tierras debía estar dividida entre los indígenas y el estado. Posterior a esta ley, se ubica la ley del 1 de mayo de 1841, guiada por el objetivo de “civilizar” a los indígenas. El estado, bajo esta visión, se encararía de redimir de las condiciones de atraso de estas poblaciones por medio de su incorporación a los procesos de desarrollo promovidos por el gobierno.
Que es un deber de la humanidad procurar la reducción y civilización de las tribus Indígenas en el territorio de la República; que esto no puede lograrse si no por medio de disposiciones protectoras, que remediando las necesidades de los indígenas en su estado actual vayan mejorando su condición, hasta que por los progresos de su civilización puedan ser reelegidos por el sistema general de administración que ha adoptado Venezuela (p.13).
Las poblaciones indígenas según esta visión, estarían obligadas a dejar de ser lo que son, para someterse a procesos de asimilación, pues el estado protector, así lo consideraba. El ser indígena constituía desde luego, un estorbo para el desarrollo de la nación. Esta ley estuvo reforzada por reglamentos puntuales como por ejemplo la entrega de lotes de tierras a familias de indígenas que se integraran a las misiones, así como incentivos económicos a familias de no indígenas que decidieran trabajar con indígenas dentro de sus tierras, al menos por un período de cuatro años con el fin de ayudar a los primeros a insertarse a la vida nacional. Durante los primeros años del siglo XX, el estado se apoyó en las misiones religiosas para lograr su objetivo.
Los procesos de privatización de las tierras llevaron a profundizar la pobreza en las comunidades indígenas. Ya para 1905, un artículo de prensa, señaló que “el gobierno tiene un gran abandono hacia esta zona del país” (p.16). La ley de Misiones de 1915 delegó gran poder a las misiones religiosas para que por medio de la educación católica se le ensañara a los indígenas un oficio. La presencia de los religiosos contó con el apoyo de autoridades civiles represivas. El Ministerio de Interior centralizaba las funciones de seguimiento de la actuación de las misiones, al mismo tiempo que solicitaba a los jefes de las misiones la entrega de informes relacionados con el levantamiento de “muestras de todos los minerales, vegetales y animales que los indios o misioneros encuentren, hacer un mapa del sitio que se ocupa agregando cuáles terrenos son baldíos, con quién colisionan los terrenos y si éstos fueron adquiridos legítimamente, hacer exploraciones del terreno que se ocupa e indicar si la misión debe ser trasladada a otro sitio, proveer a la misión de todos los materiales necesarios para la agricultura, educación y ganadería y escoger a los indígenas que más resalten para que estudien en los planteles del estado, pero que estos indígenas no debían ser más de dos”(p.17).
Estas precisiones en los registros de la historia apoyan la conclusión de que el estado tuvo un interés también económico por las tierras indígenas al preocuparse por información geoestratégica de las mismas. El periodo de la explotación petrolera y minera, suma un nuevo actor aliado a la filosofía del Estado: las empresas y corporaciones trasnacionales. El artículo 4 de la ley de Misiones citada por Uzcátegui estableció que:
Los convenios a los que se refiere el artículo 2 de la ley de misiones se celebraran con la persona a quien corresponda la autoridad superior de la corporación, orden o congregación, a quien confíe la reducción de un territorio, quien deberá estar plenamente autorizada, según las leyes de su comunidad, para todo lo que requiera el establecimiento y dirección de la misión de acuerdo con la ley respectiva y este reglamento (p.18).
El estado, la Iglesia y las empresas económicas se constituyeron como las generadoras de las políticas públicas para los pueblos indígenas. Las misiones debían entonces presentar un proyecto ante el Ministerio de Interior y pasar información relevante de la sociedad indígena y de los recursos naturales que sobre sus suelos estuvieses presentes; con esta información se facilitaba la instalación de las empresas, las cuales colaboraban con el mantenimiento de la misión por medio de la compra de alimentos, materiales para siembra, herramientas de trabajo, por solo nombrar algunos. Posterior a esta ley, es importante ubicar la de reforma agraria, en 1960, bajo la cual los indígenas eran considerados como campesinos. El carácter integracionista del estado nación venezolano afianzado en una nueva dinámica social generó cambios profundos en las poblaciones indígenas.
OJO OJO… debo ubicar en entrevistas si se acuerdan de los trabajos que hasta no hace mucho hacían en las fincas…sus abuelas…madres…tabues ante violencia sexual etccc
En Venezuela, al igual que en países con población indígena como México, el sistema servil de las fincas y de las casas del patrón dueño de las empresas se nutrió de la mano de obra de la mujer indígena. En una aproximación a la realidad mexicana analizada por Bustamante[27] (s f, p.234), país articulado bajo la visión de estado nación al igual que en Venezuela, el servicio de las mujeres indígenas “como parte de la cultura de la finca, incluía en muchísimos casos la obligación de servir sexualmente a los patrones, administradores y caporales, así como a los hijos de ésos”. Por consiguiente, “el parentesco real o ritual entre trabajadores y patronos asegurado por el uso sexual de las mujeres en las fincas, entrañó sentimientos de dependencia muy fuertes, de carácter paternalista y patriarcal que fueron utilizados por los latifundistas para justificar y encubrir la supuesta inferioridad de los indios” (p.226).
El caso de las mujeres indígenas Yukpas y Bari de la Sierra de Perijá, demandas desde la necesidad ojo…ubicar simbología mujer yukpa…tierra
Las mujeres del pueblo indígena Yukpa, se caracterizan por ser hablantes de la familia Caribe la cual se originó hace 4000 mil años. Este pueblo se asentó en la Sierra de Perijá hace menos de 800 años[28](Lizarralde, noviembre 2008). El conflicto por la tenencia de la tierra se constituye como el núcleo central desde donde se desprenden las peticiones de estas mujeres. Para entender el potencial emancipatorio de sus demandas, es fundamental conocer el contexto en el cual se desarrolla su resistencia. Para ello, citaré a Lusbi Portillo, antropólogo, e historiador, fundador de la organización Hommo et Natura, quien narra con precisión historiográfica los episodios que han cimentado el despojo territorial de este pueblo.
A finales del siglo XVI y todo el siglo XVII los indígenas Macoa o Macoaes, hoy denominados Yukpa Macoita vivían al este, en las tierras llanas que antecedían el piedemonte de la Sierra de Perijá, al sur del río Apón. Desde las faldas de la serranía, todas las tierras llanas que conforman la cuenca del río Apón se denominó Valle de los Macoaes o Macuayes.
La población de este valle no se inició en firme sino a mediados de 1733, a partir de la fundación de La Villa del Rosario por el colonizador de la vascongada el Cavo principal Don Juan de Chourio en 1722.
La conquista del Valle de los Macuayes no se logró sino a partir de 1872 cuando las tropas de Venancio Pulgar incendiaron La Villa de Rosario, y obligaron a sus moradores indígenas a internarse en la Sierra de Perijá , al sur del río Apón y a los criollos a fundar Machiques. Gracias al empuje de sus habitantes la Parroquia Civil de Libertad (Machiques) fue erigida en 1890 Parroquia Eclesiástica.
El 18 de agosto de 1920 en Gaceta Oficial No. 14.142, el Presidente Provisional de los Estados Unidos de Venezuela, Vitorino Márquez Bustillos, le adjudica gratuitamente a los hermanos José Trinidad García y Joviniano García tres lotes de terrenos de 4.500 hectáreas de superficie al oeste de la Sierra de Perijá con indios, bosques, montañas, fauna y ríos. Son hoy sus descendientes directos los actuales dueños de la hacienda El Capitán.
Los linderos de la hacienda el Capitán nunca dejaron de “caminar” hacia las tierras indígenas tal como atestigua Helmuth Straka B. “Vino corriendo un muchacho a avisarnos que los peones de una hacienda vecina, (Aponcito, hoy El Capitán) –otra vez-, adelantan el alambre de púas, para robar así nuevamente tierras a los más puros americanos que existen. Y, naturalmente, sin pagar ni un centavo”.
En menos de 30 años de norte a sur, todas las tierras bajas del piedemonte de la Sierra de Perijá fueron invadidas por los hacendados y algunos comerciantes de la ciudad de Maracaibo. Teodoro de Booy en 1918 afirma que ningún habitante de Machiques se aventura más allá de Los Cañitos, potrero situado en las márgenes derecha del río Yasa, hacia el sur de la ciudad (Booy, 18: 487), en 1937 Bolinder cuando atravesó la Sierra de Perijá desde Colombia hacia Venezuela a través del río Negro, también asegura que los criollos no habían logrado pasar el río Yasa (Bolinder, 58: 24), afirman los antropólogos Ruddle y Wilbert “los ganaderos que anteriormente habían estado guerreando con estos indígenas, siguieron con su colonización de las tierras bajas y, para 1946, habían alcanzado el río Tukuko, antiguo límite meridional del territorio Yukpa”.
El 15 de enero de 1931 el Gobernador del Distrito, Coronel Humberto Méndez recibió en su casa a los señores Joaquín T. Mac Gregor (Presidente del Banco de Maracaibo en el período 1945-1948), Armando Romero (socio de los Brillembourg), Dr. Régulo March, Sr. Levi Romero, Samuel Meléndez, y Emilio Socorro. El fin de esta visita no era otro que explorar y reconocer las tierras llanas y las montañas de la Sierra de Perijá, para “estudiar la región para el desarrollo de la agricultura”. Parte de este viaje fue reseñado por la revista El Farol de la compañía petrolera CREOLE “Joaquín Mac Gregor, entusiasta promotor de la civilización de los indios perijaneros, efectuó el ascenso a la mencionada Sierra (…) Muy satisfactorios resultaron los exámenes hechos, pues se constató que aquellas tierras son ricas en humus y son adecuadas no sólo para sembrar café, maíz y caña, sino cereales de todas clases” (Creole, 43).
De esta manera, todo estaba listo para comenzar una nueva reducción al Valle de los Macuayes, así como la arremetida final para apropiarse a sangre y fuego de todas las tierras llanas y montañas de la Sierra de Perijá, es decir, de las tierras de los indígenas Yukpa, Barí y Yankshitu o Japreria. Estos señores son los continuadores de la política de pacificación o robo de tierras indígenas emprendida por Juan de Chourio en 1722 y asumida a su muerte, acaecida en el año 1757, por su heredero Don Manuel García de la Peña. [29]
En este contexto de despojo territorial, la mujer yukpa, no ha sido un sujeto pasivo de la resistencia. Sus demandas responden a necesidades básicas de territorio, educación, salud y justicia.A partir del 2004, se inicia una nueva etapa de hostigamiento. Los miembros de comunidades yukpas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, han sido víctimas de una permanente persecución por parte de los ganaderos de la zona, con el propósito de expulsarlos de sus tierras ancestrales que han venido recuperando. De hecho, el año 2005, la comunidad reiteradamente ha sufrido desalojos violentos, agresiones físicas y amenazas de muerte por grupos armados contratados por el poder terrateniente de la zona. A continuación se presenta la narrativa de hechos suscitados en el seno de estas comunidades[30]
Comunidad indígena Yukpa Koropo
30 de agosto de 2004
Una escuela que albergaba 53 niños y un hogar de cuidado diario levantado por el propio estado fueron arrasados con fuego la noche del 30 de agosto de 2004 junto docenas de chozas, sin ningún aviso más que el de las balas, niños , mujeres ancianos y hombres salieron de sus chozas incendiadas en la penumbra hacia el monte. La escuela fue construida por la comunidad a través de los recursos que obtienen de las ventas de los productos que siempre han cultivado. Explica la maestra yukpa María Elsa Romero, a quien no sólo le quemaron sus enseres, que ella también debió salir de su choza con sus hijos al escuchar el sonido de las balas y los planazos de los sicarios. Los agresores no sólo quemaron y destruyeron la escuela con todos sus pupitres y demás enceres con los cuales se educaban los niños. También se llevaron todos los alimentos del hogar de cuidado diario (que realmente fungía como comedor de niños y ancianos) dejando sin provisiones y medicamentos a los niños más pequeños de la comunidad.
Su cacique exigió justicia y se señala al hacendado Diego García y su familia como loa autores materiales e intelectuales de la quema de la escuela. María Elsa Romero declaró que “tenemos los niños escondidos en una cueva, sin alimento, por culpa de ese señor, el debe ir preso así como vamos presos los Yukpas cuando a un hacendado le da la gana sin importarle si es ese el Yukpa culpable de la falta o no”.
Cuando las comunidades Yukpa hicieron presencia para exigir respuesta ante los atropellos de los que fueron víctimas, el Destacamento 36 al mando del Cmdte.(GN) Luis Prato envió una comisión para proteger al mencionado hacendado. Los Yukpas fueron hasta la casa del hacendado a exigir respuesta del atropello y le cerraron la salida al terrateniente. La Guardia Nacional procedió a hacer tiros al aire y en una acción ofensiva casi atropellan con el convoy a la maestra María Elsa Romero quien asegura que “el chofer del convoy no llevaba uniforme pero sabemos que es guardia, lo conocemos” comentó.
Es importante resaltar, que el comportamiento de la Guardia Nacional en esa zona ha sido de tradición racista, actitud que contradice los lineamientos constitucionales.
Atentado contra la comunidad indígena Yukpa Yushubrire
18 de junio de 2005, 18 de Julio de 2005.
Luego del desalojo de la comunidad Koropo, prosiguió el desalojo de la Comunidad de Yushubrire. Bajo el mismo modo de operación, con sicarios armados entrada la noche, fueron quemados los conucos y las chozas con las familias durmiendo dentro, fueron asesinados sus animales para evitar la provisión de alimentos y obligarlos a desplazarse.
Por presión de los grupos sociales y la Sociedad Homo et Natura, la Guardia Nacional entre el jueves 23 y viernes 24 de ese junio detuvieron a uno de los hijos del hacendado y 10 de los sicarios, pero ya para el lunes 27 ya estaban de nuevo en libertad.
Las casas luego de quemadas fueron arrastradas por tractores para su completa destrucción. Hoy aún Yushubrire y Koropo no cuentan con tierras para sus familias. Según los miembros de la comunidad de Koroco, la arremetida fue encabezada por el hacendado Adelso Sánchez y su hijo Miguel Ángel Sánchez, este último fue observado por todos los habitantes de Koropo mientras conduciendo un tractor procedió a derrumbar cada una de las viviendas de la ancestral comunidad.El Cacique de la comunidad de Koropo Trino Romero, narró cómo fue amarrado por la fuerza por los delincuentes de Adelso Sánchez y llevado a 250 metros de la comunidad, allí con un revolver que le pusieron en la frente le dijeron que lo matarían a él y a toda la comunidad si no abandonaban la zona, a estas amenazas el Cacique les respondió “si me matan háganlo dentro de la comunidad no fuera de ella, si lo hacen ustedes perderán”. Al percatarse los sicarios que no estaban solos pues lo acompañaban todos los Yukpas desistieron de ajusticiarlo. A las mujeres de estas comunidades les amenazaron con ser abusadas sexualmente y luego asesinadas.
Quemada de nuevo la comunidad de Chaktapa
14 de abril de 2005, 1° de mayo de 2006, 11 de Febrero de 2007, 21 de mayo de 2008, 7 de Julio de 2008
El 14 de abril de 2005, el hacendado Guillermo Vargas acompañado de 30 sicarios armados llegaron a la comunidad Yukpa Chaktapa a matar al dirigente indígena Sabino para de esta manera poner fin de una vez por toda a la ocupación de la hacienda Tizina. Luego el lunes 1º de mayo del 2006 quemaron de nuevo las casas, sus animales y la poca cosecha que existía. De nuevo los sicarios entraron esta vez para matar al cacique Sabino Romero, si éste no se llevaba de una vez por toda a su gente más allá de las montañas del cerro Piyistaco entre los márgenes del sur del río Yaza y norte del río Tukuko. El cacique Romero, logró salvarse porque estaba de caza.
La noche del domingo 11 de febrero de 2007, nuevamente un grupo de trabajadores de la hacienda Tizina propiedad de Guillermo Vargas, arremetió brutalmente contra las chozas de los indígenas prendiéndoles fuego con las familias y los niños dentro y disparando luego contra los indígenas que ocupan los predios de esta hacienda en Machiques de Perijá. En esta acción, las hijas de Sabino, Mirian y Guillermina, fueron torturadas y golpeadas.
El día 21 de mayo de 2008 el hijo mayor de Sabino, Sabino Romero Martínez, fue agredido por los peones sicarios de esta hacienda Tizina cuando pasaba por el frente de la misma a pie, fue golpeado y descalificado verbalmente y despojado de su bicicleta. Alejandro Chávez Vargas, de la misma saga de propietarios de estas haciendas, acompañado por cinco hombres procedió a disparar y golpear con machete a los moradores de esta apartada comunidad
Guillermina Romero fue interceptada con sus hijos a orillas del río mientras lavaba esta madre fue llevada por la fuerza y obligada a dejar sus 5 hijos en medio del bosque.En el forcejeo, los peones-sicarios rompieron sus ropas y en el trayecto hacían burla de la anatomía de sus senos. La mantuvieron retenida y luego, Guillermina al ser liberada, estuvo tratando de ubicar por cuatro a horas a su bebe de dos año,quien se hallaba escondido. Estos hombres, la mayoría de nacionalidad colombiana, fueron usado al antojo del hacendado para agredir a planazos a Guillermina Romero Martínez, joven mujer embarazada, a su hermano menor de edad Isidro Romero Martínez, a su tío Leandro Romero, y al anciano José Manuel Romero, su abuelo, quien muere unos días después de los golpes propinados por los sicarios.
Estos hechos han sido denunciados ante las instancias correspondientes, sin contar con ninguna acción de protección:
- Se presentó la denuncia de los ataques sufridos que sufrió el Cacique de la comunidad de Chaktapa Sabino Romero Izarra ante la Defensoría del Pueblo en Maracaibo 28/04/2008 Defensora Iris Bermúdez planilla de audiencia no. E-08-00531
- Se presentó denuncia ante la Defensoría del Pueblo en Maracaibo, Dr. Marvin Fuenmayor 14/05/2008 caso no. 7693418 planilla no. P-08-00-595
- Se realizó denuncia en la Fiscalía 20 de Maracaibo, atención a la victima Fiscal Superior Dr. Einer Biell Morales 15/05/2008
- Provea remitió denuncia a la Fiscalía General de la República a la Dra. Luisa Ortega Díaz oficio no. 419 14/05/2008
- Provea remitió denuncia a la Defensoría del Pueblo Dra. Gabriela Ramírez oficio no. 420 14/05/2008
- Se hizo entrega de un expediente con la relatoría de las situaciones vividas por la comunidad de Chaktapa cuyo cacique es Sabino Romero Izarra, al defensor indígena Alonso Guevara en la Defensoría Indígena el 15/05/2008 en Caracas
- Derecho de palabra del Cacique Sabino Romero en reunión del Directorio Nacional del INTI en Maracaibo donde él plantea como solución discutida por la comunidad de Chaktapa al conflicto con los terratenientes ganaderos la compra de las bienhechurías de la hacienda Tizina y la propuesta del desarrollo productivo agrícola de la zona de acuerdo a la cultura Yukpa, reforestando las zonas afectadas por la destrucción de los bosques en protección del río Yaza al cual la comunidad debe su nombre. Estuvieron presentes Freddy Gil y Franklin Rousvelt, la consultora jurídica del INTI a nivel nacional. Se acordó que el INTI Caracas enviara una comisión para que visite la hacienda Tizina y realice la inspección necesaria.
- Se logró a través de la Fiscal Yomaira Montiel encargada del caso una acción de protección para el Cacique Sabino Romero producto de las amenazas de muerte que ha recibido, que debe ser ejecutada por la Guardia Nacional en coordinación con el Coronel Freites con quien nos hemos comunicado directamente. Esta acción de protección hasta ahora no se ha cumplido. Esta petición fue respaldada por el Fiscal Superior Dr. Einer Biell Morales
- Otras reuniones y espacios de denuncia como Parlamento Indígena Latinoamericano, Subcomisión de participación, garantías, deberes y derechos de la comisión permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, CONIVE, el Ministerio del Poder Popular para Los Pueblos Indígenas entre otros han sido los espacios institucionales abordados a fin de obtener una pronta solución.
El 28 de marzo de 2008, el Tribunal de Control de Extensión Rosario de Perijá imputa a cinco indígenas yukpas de esta comunidad. Uno de ellos es maria teresa Jaspe quien narra el trato racista por parte del abogado Emiro José Araque Guerrero, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, circunscripción judicial del estado Zulia, quien le informa por separado a cada uno de los imputados deberían hacerse acompañar de un abogado de confianza debidamente juramentado por el Tribunal, pues de lo contrario “usted señora María va a saber lo que es reja de verdad, verdad”
Comunidad Guaicaipuro
Agresiones 8 de septiembre de 2005, 15 de septiembre de 2005 y 15 de octubre de 2005
El día sábado 8 de septiembre en la Comunidad indígena Yukpa “Guaicaipuro”, entraron violentamente treinta personas, todas armadas, sometiendo todo indígena que encontraban en el camino. Los agresores comenzaron a someter a los campesinos indígenas desde la entrada de la comunidad hasta llevarlos a la casa central, allí luego de amenazarlos de muerte les dijeron que ellos estaban allí por órdenes del señor Noe Machado (antiguo propietario de la hacienda donde se encuentra la comunidad “Guaicaipuro”), con la intención de darles dinero para que se retiraran de esas tierras y volvieran a la montaña. Elibeth González narra las amenzas de muerte por parte de estas personas quienes señalaban el móvil de su presencia: alertarles que debían marcharse antes de una semana, pues de lo contrario, serian asesinados hombres, mujeres y niños.
El día 15 de septiembre de 2005 la comunidad Yukpa “Guaicaipuro”, ubicada en el sector El Tokuko, fue visitada ahora por 15 hombres que portaban armas largas vestidos con uniforme militar verde unicolor, los sicarios llegaron a las 3:00 AM. En dos camionetas pick up, entraron a las casas de los indígenas y comenzaron a golpearos sin mediar palabras con la intención de sacarlos para prenderles fuego. “A mí me decían que si yo no me salía me iban a echar fuego con muchachos y todo, y le echaron fuego a todo, hasta 7 chinchorros de cono que estaba haciendo pa vender, todo eso se quemó”, dice la señora Eva Beatriz Iguana.
Entre las personas golpeadas se encuentra el Cacique de Guaicaipuro Aristide Maikishi, quien narra que “ellos llegaron y nos trataron como perros, nos daban patadas y nos decían que si no nos íbamos nos iban a matar, a mí me pegaron a aquí” dijo, enseñando la pierna donde se notaba una herida. Ildiany Medina Romero una niña de 11 años fue golpeada en el pómulo derecho. Otro agredido fue Juan Carlos Gonzáles, golpeado en el ojo izquierdo con la culata de un fusil. Como si esto fuese poco, en la retirada los sicarios se llevaron a Anita una joven Yukpa, que la embarcaron en una camioneta junto a sus dos hijas, una de ellas de 16 días de nacida, y la arrojaron en un camellón vía la Cachamama a unos diez kilómetros de la carretera que lleva al Tokuko. La hija de Anita fue atendida dos días después por un doctor de “Barrio Adentro” con un cuadro gripal producto de la distancia que tuvo que caminar bajo la lluvia.
La agresión llevada a cabo en la comunidad Guaicaipuro el día 15 de septiembre, dejó un saldo de 38 casas quemadas, incluyendo: cocinas, camas, muebles, cochinos, gallinas, perros, etc., y un total de 376 personas afectadas sin tierras y sin techo, que hoy duermen en el piso y sobre cajas de cerveza detrás del abasto que está ubicado en la entrada del sector El Tokuko.
El 15 de octubre de 2005, una vez más, en horas de la madrugada, aproximadamente 40 sicarios fuertemente armados, con armas cortas, escopetas y armas de guerra, volvieron a irrumpir en la comunidad de Guaicaipuro, ocupación que desde hace 5 años sostienen 260 ciudadanos y ciudadanas Yukpas, entre adultos ancianos y niños, del sector el Tokuko, en los predios de la hacienda Ceilán.
La indagación de campo permitirá demostrar el impacto que sobre la mujer indígena yukpa tiene el problema de la tierra, entendiendo que esta no sólo es un bien productivo sino que también tiene posee un gran valor simbólico asociado a la vida, a la identidad, y sobre todo es fundamental para equilibrar las relaciones de poder entre los hombres y mujeres así como fundamental para fortalece la toma de decisiones, el acceso a la justicia , todo ello en pro de su dignidad.
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[1] Roque ROLDAN ORTEGA. Manual para la Formación en derechos indígenas: territorios, recursos naturales y convenios internacionales. Ecuador, Ediciones Abya –Yala,2005,p.109
[2] Luis Jesús BELLO. Derechos de los pueblos Indígenas en el Nuevo Orden Jurídico Venezolano. Venezuela, Ediciones del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de Copenhague Dinamarca, 2005,p.
[3] Vladimir Castro AGUILAR: Derechos Indígenas Pendientes. Mérida Venezuela, Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL): Universidad de los Andes,2008, p8
[4] KUPPE, René. Promoción de la participación indígena en la demarcación de sus hábitats y tierras (Venezuela). Presentación pública en CELARG, Venezuela. Junio 2009
[5] Este documento forma parte de las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, contenida en la Serie Mujer y Desarrollo, 40 de fecha noviembre de 2003.
[6] KAMBEL P 15
[7]Esto resulta discutible para la investigación que intentara demostrar que la mujer indígena no es sinónimo de mujer rural.
[8] KAMBEL p 18
[9] Carmen Diana DEERE., & Magdalena LEÖN. Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina.Ecuador,FLACSO,2002,p.305
[10] Ibidem, p. 305
[11] RIVERA, Alejandra. Zapatismo reivindicó los derechos de la mujer indígena. Citado en La lucha de las mujeres zapatistas: voces, testimonios y reflexiones: folleto de información numero 1, noviembre de 2007 por colectivo de espacio de trabajo y reflexión de mujeres adherentes a La Otra Campaña. p, 19
[12] Publicado en La lucha de las mujeres zapatistas: voces, testimonios y reflexiones. P10
[13] Dimensiones de Género y Etnia en los Programas de Lucha contra la Pobreza (2009), en UNIFEM Oficina Regional para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana. Documento disponible en http://www.unifem.org.mx/un/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3Adimensiones-de-genero-y-etnia-en-los-programas-de-lucha-contra-la-pobreza-&catid=57%3Adimensiones-de-genero-y-etnia-en-los-programas-de&Itemid=30
[14] ALEMAN, Mónica (2007). Indicadores y producción de información estadística con enfoque plurietnico y de género desde la perspectiva de la mujer indígena. En el marco del VI encuentro internacional de estadísticas de género para políticas públicas. México. Disponible en www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/.../M_ALEMAN.ppt
[15] Chant, Sylvia (2003). Nuevos aportes para el análisis de la pobreza: desafíos metodológicos y conceptuales para entender la pobreza desde una perspectiva de género. Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL). Bolivia
[17] RENSHAW, J., Wray, Natalia (2004). Indicadores de bienestar y pobreza indígena. Disponible en www.comunidadandina.org/sociedad/indicadores_indigenas.pdf
[18] Fernández Ham, Patricia (2006). Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas / coords. Patricia Fernández Ham, Arnulfo Embriz Osorio, Enrique Serrano Carreto, María Eugenia Medina Domínguez -- México : CDI, 2006.168 p. Disponible en www.cdi.gob.mx/...genero/indicadores_perspectiva_genero_2006.pdf
[19] Montalva, C. Margarita., Velasco, Luisa (2005). Mujeres Indígenas en América latina: brechas de género o de étnia?, CEPAL, Santiago de Chile, 27 al 29 de abril de 2005. Disponible en www.convencion.org.uy/10Indigenas/Brechas_de_genero_o_de_etnia.pdf
[20] Sánchez-Pérez, Héctor Javier; Vargas Morales, Guadalupe; Jansá, Josep María (2006). Vida y salud de la mujer en zonas de alta marginación en México. Es peor ser indígena?. En publicación: Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios. Cimadamore, Alberto D.; Eversole, Robyn; McNeish, John-Andrew. Programa CLACSO-CROP, Buenos Aires, Argentina.
[21] “Las mujeres indígenas y sus problemáticas prácticamente no existían en ese momento, hasta la realización de la IV Conferencia Mundialde la Mujer. El programa, decía explícitamente “mejorar la condición de todas las mujeres y procura prestar especial atención a los grupos de mujeres que se encuentran en situación de alto riesgo, como es el caso de las mujeres rurales, indígenas, discapacitadas, refugiadas y desplazadas” (Montalva&Velasco, 2005,p.2)
[22] Dato ubicado en el Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgado en el portal oficial del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo. No se refiere fecha de publicación. http://www.ine.gov.ve/fichastecnicas/censo/censoindigena.htm
[23] Un ejemplo de política pública recientemente difundida en Venezuela fue el llamado “Plan Integral para la defensa, desarrollo y consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprún del estado Zulia, Comunidades indígenas Yukpas” (publicado en gaceta Oficial de fecha 28 de octubre de 2008, número 39.046). Este plan que supuso la entrega de doscientos treinta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y cinco bolívares fuertes ( Bs.F. 235.447.475,00) estuvo coordinado por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia.
[24] Dato ubicado en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ibídem
[25] La Constitución Nacional, la ley Orgánica de comunidades y Pueblos Indígenas, la ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierra, la aprobación del Convenio 169 de la OIT, la creación de un Ministerio para Asuntos indígenas, la presencia de una comisión permanente en la Asamblea nacional para pueblos y comunidades Indígenas, la activación de un defensor para asuntos indígenas con competencia nacional, reconocen los derechos indígenas pero no han facilitado los mecanismos para el ejercicio efectivo de éstos
[26] UZCATEGUI, Fernando (2007). Análisis de la evolución de las políticas públicas en comunidades indígenas venezolanas (1836-1959). En Revista Venezolana de Ciencia Política. Nº 32. Julio-diciembre, 2007.
[27] BUSTAMANTE, Mercedes. Discriminaciones de género y etnia. Ponencia presentada en el marco del Seminario Feminista de Chiapas y la facultad de Ciencias Sociales, UNACH. Material fotocopiado facilitado por compañera del seminario.
[28] LIZARRALDE, Roberto. Los Yukpas. Material digitalizado sin publicación, solo para fines de apoyo en sus clases. Mérida, 2004
[29] PORTILLO; Lusbi. Documento elaborado para fines explicativos acerca la realidad indígena yukpa. Socializado en página de la organización no gubernamental Homo et Natura: http://homoetnatura.org/yukpa.htm
[30] Se trata de los hechos que han sido registrados por el equipo de acompañamiento jurídico de los yukpas que milita en la organización no gubernamental Homo et natura, del cual, quien escribe el presente ensayo forma parte. El objetivo es asentar los hechos que suceden en la Sierra de Perijá para poder socializarlos a los medios de comunicación como una manera de dar a conocer la situación de conflictividad y la negación a la justicia de las instituciones publicas ante las denuncias de los mismos indígenas agraviados
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