El Nacional: 8 de cada 10 privados de libertad venezolanos no han sido sentenciados

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Ocho de cada diez reclusos venezolanos están presos sin haber sido condenados por algún tribunal. De acuerdo con la Memoria y Cuenta 2012 del Ministerio del Servicio Penitenciario, de los 46.125 reclusos que hay en el país, 38.125 son procesados, lo que equivale a 84% de la población total. Es decir, estos presos permanecen privados de su libertad bajo la presunción de su inocencia.

En el texto elaborado por el Ministerio del Servicio Penitenciario, la ministra reconoce que en la institución no existe un sistema que permita llevar un control efectivo de la población penitenciaria

De acuerdo con el texto, que contiene los datos de la gestión de la ministra Iris Varela, sólo 4.669 presos fueron juzgados y sentenciados por la comisión de algún delito, es decir apenas 10% de los reos pagan una condena.

La población penitenciaria tuvo un incremento de 1,3% en comparación con 2011, cuando había 45.508 presos en las cárceles venezolanas, de acuerdo con el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones.

El balance de la gestión del primer año de funcionamiento del despacho de Iris Varela da cuenta de que 9.600 reclusos fueron dejados en libertad condicional o plena mediante el Plan Cayapa, el cual consiste en atención jurídica para los reos.

En una entrevista que concedió en 2011 a El Nacional, la ministra Iris Varela aseguró que de los 50.000 presos que había en el país para cuando ella fue designada en el cargo, 20.000 deberían ser puestos en libertad y que para que la población no se alarmara se publicarían las cédulas de los que fueran beneficiados. Sin embargo, no se sabe quiénes son esos 9.600 reclusos que fueron dejados en libertad.

No hay control. De acuerdo con el informe 2011 del Observatorio Venezolano de Prisiones, en el país los procesados eran 28.456 reclusos y otros 13.992 eran penados.

Si comparamos estas cifras con la Memoria y Cuenta 2012, entonces en el país hay ahora 36,1% más reclusos en calidad de procesados y 33,3% menos sentenciados, pues el OVP en su informe 2011 dijo que había 13.992 reos pagando condena y, según la Memoria y Cuenta, actualmente hay 4.669 sentenciados.

En el texto elaborado por el Ministerio del Servicio Penitenciario, la ministra reconoce que en la institución no existe un sistema que permita llevar un control efectivo de la población penitenciaria.

En relación con el desarme de las cárceles, en la Memoria y Cuenta se indica que el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia realizó 77 requisas, pero no se precisa en cuáles penales, y que en esas inspecciones lograron incautar 520 armas de fuego de varios calibres, 1.140 armas blancas, 2.140 teléfonos celulares, 2.308 envoltorios de drogas y 103.860 proyectiles de varios calibres.

El Ministerio del Servicio Penitenciario asegura que instaló 600 cámaras web en las cárceles de Yare I, II y III, Tocuyito y Rodeo I, II y III, además de 7 equipos bloqueadores de señales para que fueran utilizados por el GRIC durante las requisas.

En relación con la clausura de la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal, conocido como La Planta, en mayo de 2012, sólo se especifica que fueron trasladados 2.705 presos a otras cárceles. Sin embargo, en la rueda de prensa que ofreció entonces Varela dijo que la cantidad de reos trasladados de La Planta fueron 1.693.

En el informe también se señala que con la clausura del Internado Judicial de Falcónfueron trasladados a otras cárceles 536 reclusos, y que en el Centro Penitenciario de la Región Andina se reestableció el régimen penitenciario con el traslado de 135 presos.

Promesas. La ministra Iris Varela promete que para su ejercicio fiscal 2013 se construirán 24 centros para procesados en varios estados del país, además de la culminación de las obras de las nuevas Comunidades Penitenciarias de Lara y Carabobo.

Se invertirán 225 millones de bolívares para la construcción de los nuevos centros de procesados, y el proyecto tiene un lapso de ejecución de 12 meses. Sólo se han colocado las piedras fundacionales en los terrenos adyacentes al Internado Judicial de Tocuyito en Carabobo y en Barquisimeto, estado Lara; en La Pica, estado Monagas; en el Internado Judicial de Puente Ayala en Anzoátegui; en la Penitenciaría General de Venezuela en Guárico; en el establecimiento penitenciario de Marhuanta en Bolívar y en un terreno en la Finca Vivensa, en Maracaibo, estado Zulia.

De acuerdo con la ficha técnica consignada ante el parlamento por la ministra Iris Varela, cada uno de estos centros tendrán capacidad para 600 reclusos, que supuestamente serán clasificados en las áreas de máxima, media y mínima seguridad, y que la empresa encargada de la construcción será Atina Ingeniería, Procura y Construcción, C.A. (Thabata Molina, El Nacional, 05.04.13)